La Secretaría de la Función Pública (SFP) fue creada por la Ley 1626 en el año 2000, tiene rango ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la República. Dicha ley define a la institución como el organismo central normativo para la función pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales. Entre sus principales atribuciones está la de formular la política de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en el sector público. Las áreas de Gestión y Desarrollo de las Personas (o Recursos Humanos) u otras equivalentes de los organismos y entidades del Estado, son las unidades operativas descentralizadas.

Formular y garantizar la implementación de políticas para la calidad de la gestión pública y el desarrollo de las personas que trabajan en el Estado, orientadas a su profesionalización para el servicio a la ciudadanía.

Una institución transparente, cercana a la gente, protagonista del cambio cultural en la gestión pública, garante de trabajadores y trabajadoras del Estado con ética e idoneidad, capaces de brindar servicios públicos eficaces y eficientes, con calidad y calidez humana.

Igualdad Equidad Imparcialidad Honestidad

Transparencia Responsabilidad Eficiencia Eficacia

Austeridad Participación Diversidad

• a) formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente;
• b) organizar y mantener actualizado un registro sexado de la función pública;
• c) preparar el reglamento general de selección, admisión, calificación, evaluación y promoción del personal público, basado en un concurso público de oposición;
• d) participar en el estudio y análisis de las normas que regulan el sistema de jubilación y pensión a cargo del Estado;
• e) detectar las necesidades de capacitación del funcionario público y establecer los planes y programas necesarios para la misma;
• f) asesorar a la Administración Central, entes descentralizados, gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política sobre recursos humanos a ser implementada;
• g) supervisar la organización y funcionamiento de los organismos o entidades del Estado, encargadas de los recursos humanos de la función pública;
• h) proponer el sistema de clasificación y descripción de funciones de los cargos de los organismos y entidades del Estado y mantenerlos actualizados, así como el escalafón para funcionarios públicos;
• i) asesorar a organismos y entidades del Estado para la racionalización en materia de escalafones y entidades y proponer criterios para la formulación de la política de remuneración a los funcionarios públicos;
• j) recabar los informes necesarios para el cumplimiento de sus fines, de todas las reparticiones públicas;
• k) realizar estudios sobre materias de su competencia para la toma de decisiones que afecten a los funcionarios públicos;
• l) promover el acceso de la mujer a los cargos de decisión en la función pública;
• m) homologar y registrar los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo, dentro de los organismos y entidades del Estado cuando ellos reúnan los requisitos de fondo y de forma para su validez;
• n) aprobar los proyectos de reglamento de selección, admisión, calificación y promoción del personal público, presentados por las diversas reparticiones públicas; y,
• o) designar los jueces de instrucción para los sumarios administrativos.

• 1 Articular, apoyar y comunicar las distintas estrategias de la SFP para la formulación, implementación y evaluación de las Políticas de Gestión y Desarrollo de las Personas para la transformación del Estado.
• 2 Desarrollar modelos de organización dinámicos, orientados a la optimización de los recursos y la gestión por resultados, promoviendo procesos de innovación y cooperación para la consolidación de una cultura organizacional ética, democrática y transformadora en el Estado.
• 3 Implementar las políticas de acceso, promoción, retención, movilidad y desvinculación de las personas que trabajan en el sector público.
• 4 Desarrollar políticas de formación y capacitación dirigidas a la profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, apuntando a servicios de calidad sin discriminaciones.
• 5 Formular y apoyar la implementación de políticas de gestión pública y desarrollo de las personas en las municipalidades y gobernaciones.
• 6 Desarrollar políticas de igualdad de género, inclusión y respeto a la diversidad en la función pública desde la perspectiva de los derechos humanos.
• 7 Impulsar el efectivo cumplimiento de la normativa marco que rige la función pública de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.